Los daños por fauna salvaje en el campo se multiplican por cinco en un año

El proceso de abandono de campos, acelerado en los últimos años por la falta de rentabilidad, está incrementando los hábitats de refugio para las especies salvajes. Además, mientras las poblaciones silvestres crecen sin control, las licencias federativas de cazadores han caído un 46% durante las dos últimas décadas en la Comunitat Valen­ciana. “En un contexto en el que cada vez hay más fauna salvaje y menos cazadores para controlar sus poblaciones, las administraciones deben tomar las riendas de una vez por todas, aplicar planes de control de poblaciones, mejorar las coberturas del seguro y compensar justamente a los agricultores perjudicados”, asegura Aguado.
Los ataques de conejos, jabalíes, patos, muflones y cabra montés, entre otros, han encendido las alarmas entre los agricultores valencianos ya que arrasan cosechas enteras, destrozan infraestructuras e incluso acaban provocando la muerte del arbolado. Según las organizaciones agrarias y las cooperativas, las pérdidas acumuladas en 2010 por este capítulo ascendieron a 10 millones de euros, cifra que podría verse rebasada esta campaña. Un último ejemplo que ilustra hasta qué punto están llegando las cosas en este ámbito son las incursiones de jabalíes hasta los arrozales de la marjal Pego-Oliva, algo que nunca había sucedido hasta la hecha.

Los daños en la agricultura provocados por la fauna silvestre están aumentando en todos los cultivos y en todas las comarcas va­lencianas. Prueba de ello es que, según datos de Agroseguro, los siniestros declarados por fauna en el campo español se han multiplicado por cinco en un solo año. La Aso­ciación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que la gravedad de este problema va a más sin que las decenas de miles de agricultores afectados encuentren un respaldo eficaz por parte de la Administración, tanto para resarcir las pérdidas eco­nómicas como para evitar la excesiva repoblación de la fauna.

Por otro lado , la expansión del lobo hacia el sur dispara los ataques al ganado, con más de 700 al año.  Para muchos ganaderos, sólo la consideración del lobo como especie cinegética, es decir, no protegida, permitiría mejorar la situación, al limitar el número de ejemplares. Además, reclaman a la Junta ayudas directas por los daños que produce este animal, dado que hasta ahora sólo asume parte de los seguros. Pero de momento, lo único que parece claro es que los ganaderos de la provincia de Ávila han anunciado movilizaciones para las próximas semanas, mientras los ataques se suceden.

Más de 2.100 cabezas de ganado perdidas por los ataques han sido tramitadas por la administración en los últimos 4 años. Muchas otras no llegan a conocerse.
Con una población de lobos de 130 manadas seguras y 58 probables, la propia Consejería estima que en Castilla y León ha experimentado una expansión que ha supuesto un incremento de las densidades en los territorios ocupados y su aparición en comarcas en las que no estaba presente, lo que se ha traducido en el resurgimiento de conflictos olvidados. En este punto se pone de manifiesto, además, que el río Duero ya no supone una frontera para la expansión de la especie, considerándose la población castellano y leonesa como una única y continua, que así debe ser gestionada. Surge entonces el Plan de Gestión del Lobo, aprobado en 2008, con el que se pretende mantener una población de lobo estable, garantizar su adecuada gestión y ordenar adecuadamente su aprovechamiento cinegético (la especie se puede cazar al norte del Duero pero es especie protegida al sur) y, lo más difícil, compatibilizar su existencia con la de la ganadería extensiva y con la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias.
En la actualidad, según datos de la Consejería de Medio Ambiente. las poblaciones que siguen presentando una mayor actividad y en las que se ha consolidado un incremento sobre el censo 2001 se encuentran en la cordillera Cantábrica: Montaña de Riaño, en León, y comarcas de Guardo, Cervera y Aguilar, en Palencia, así como en Segovia y Ávila.

. Si una zona determinada recibiera numerosos formularios como consecuencia de los daños provocados por una sola especie, Medio Ambiente podría declarar la zona de emer­gencia cinegética, lo que permitiría la adopción de medidas excepcionales de caza. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, explica que “es muy importante que los agricultores denuncien a las administraciones los daños objetivos sufridos porque de este modo no podrán mirar hacia otro lado y tendrán que dar una respuesta efectiva”.

“Los agricultores somos profesionales de la agricultura y no una ONG con vocación de alimentar con sus cosechas a la fauna silvestre. Si las administraciones y la sociedad en general quieren un paisaje, deben saber que esa factura no la debemos ni podemos pagar los agricultores, sino que hay que asumirla entre todos”, según Aguado.